ACCIONISTAS PRESENTAN DEMANDA CONTRA GRAÑA Y MONTERO EN EE.UU.

En Trujillo, empresa sigue insistiendo en manejar el recaudo electrónico. Acusan a directivos de empresa de ocultarles información sobre Odebrecht

El Estudio Levi & Korsinsky, LLP anunció que ha iniciado el proceso de una demanda colectiva contra la empresa peruana Graña y Montero, en representación de accionistas norteamericanos, debido a que les habrían dado información falsa o engañosa sobre su asociación con la empresa Odebrecht, uno de cuyos directivos Jorge Barata, quien está encarcelado y se ha acogido a colaboración eficaz, dijera en febrero último que los directivos de Graña estaban al tanto de todas las maniobras corruptas con las cuales ganaron varias licitaciones donde ambas empresas estaban asociadas aquí en el Perú, eso motivó el desplome de las acciones de G&M, cuya tendencia a la baja se reinició esta semana luego de saberse la demanda.

El mencionado estudio legal norteamericano, que tiene varias décadas litigando en los EE.UU.,  lanzó el día de ayer una “EQUITY ALERTA”, o una declaración pública de “alerta de capital” en que se recuerda a los inversionistas de Graña y Montero S.A.A. del inicio de una Demanda por Acción Colectiva y de un Demandante Principal desde el 28 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

En el detalle se explica que el llamado es para todas las personas o entidades que adquirieron valores de Graña y Montero S.A.A. (GRAM) entre el 24 de julio de 2013 y el 24 de febrero de 2017.

La demanda alega que durante todo ese período los demandados emitieron declaraciones materialmente falsas y/o engañosas y/o no revelaron que: (1) Graña sabía que su socio brasileño Odebrecht SA pagó sobornos al ex presidente peruano Alejandro Toledo para adjudicarse la construcción de la Carretera Interoceánica, Y 2) como resultado, las declaraciones de los acusados acerca de los negocios, las operaciones y las perspectivas de Graña eran materialmente falsas y engañosas y/o carecían de una base razonable en todo momento.

Como se sabe, el 24 de febrero de 2017, Barata, ex ejecutivo de la filial peruana de Odebrecht, declaró que Graña tuvo pleno conocimiento de unos 20 millones de dólares en sobornos pagados a Alejandro Toledo por ellos.

Una demanda colectiva de valores es un litigio iniciado contra la empresa por un grupo de inversionistas que eran accionistas en un momento dado. Los demandantes afirman que han sufrido pérdidas financieras en un marco de tiempo específico denominado "período de clase."

La base de un caso de demanda colectiva de valores se relaciona a menudo con acusaciones de manipulación de valores o informes fraudulentos, o cualquier otra cosa que sea impropia y que afecte negativamente el precio de una acción.

La segunda
Esta es la segunda demanda en pocas semanas, la firma de abogados de Estados Unidos, Robbins Geller, fue  la primera en presentar el pasado 23 de marzo una demanda civil contra Graña y Montero en una corte federal de Nueva York. La demandante es Marcia Goldberg, de forma individual y en representación de accionistas en similar situación, y los demandados son Mario Alvarado, ex CEO de Graña y Montero, y Mónica Miloslavich, CFO.

Al igual que en la segunda demanda la empresa peruana es acusada de violar leyes federales de seguridad y malinformar a sus accionistas en Estados Unidos sobre su participación en actividades ilícitas junto con su socia brasileña Odebrecht.

Cabe recordar que, a fines de febrero, unas siete firmas jurídicas anunciaron su intención de investigar los reclamos de accionistas afectados por la devaluación del papel de Graña y Montero en la bolsa de Nueva York. Todo ello compromete seriamente el futuro de la empresa peruana pues de perder las demandas se vería afectado en su patrimonio y en todos los procesos y licitaciones que haya ganado. (FUENTE: Levi & Korsinsky, LLP)

QUIÉN ES LEVI & KORSINSKY
Es una firma nacional con oficinas en Nueva York, California, Connecticut y Washington D.C. Los abogados de la firma tienen amplia experiencia y experiencia en representación de inversionistas en litigios sobre valores, y han recuperado cientos de millones de dólares para accionistas afectados.

En Trujillo, G&M, a través de su subsidiaria Consorcio Recaudo Trujillo pretende adjudicarse la concesión del recaudo electrónico mediante una iniciativa privada presentada,



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